A ver si nos ponemos en claro: 
Los actos de la Administración Pública Nacional gozan de la presunción de Legitimidad, y existe el principio de Continuidad Jurídica de los actos administrativos legales. Esto es, las obligaciones de un gobierno, son obligatorias para los gobiernos sucesivos: así nos aplicaron las obligaciones de la deuda, aunque hayan sido contraídas por gobiernos de facto.
Las Pensiones y las Jubilaciones otorgadas por gobiernos, también son alcanzadas por el principio de presunción de legitimidad, y mas aún, cuando se trata de derechos adquiridos.
Para revisar la legalidad, NUNCA puede invertirse la carga de la prueba, si hay alguna objeción, debe ser el gobierno el que debe, munido de las pruebas correspondientes, demostrar dicha ilegalidad y hacer la denuncia correspondiente.
Este gobierno, que desconoce cualquier legalidad, ha invertido la carga de la prueba y pretende derogar el Estado de Derecho, arrogándose la suma del Poder Público, y convirtiéndose , de este modo, en TIRANÏA. al exigir a los beneficiarios que demuestren derechos ya adjudicados, gozados y adquiridos, que demuestren, nuevamente, las condiciones de otorgamiento.
Los jueces guardan ominoso silencio, las instituciones de la República, brillan por su ausencia.
No se puede tolerar tanto atropello, #BastaMacri!
#JuicioPolíticoYa!!!